Las regulaciones y leyes internacionales sobre Prevención del Lavado de Dinero y Combate a la Financiación del Terrorismo (AML/CFT) exigen que las empresas examinen y evalúen los riesgos de Lavado de Dinero (ML), Financiación del Terrorismo (FT) o Financiación de la Proliferación (PF) asociados a clientes actuales y potenciales clasificados como Personas Políticamente Expuestas (PPEs). La evaluación de riesgos para PPEs forma parte de las medidas de Diligencia Debida del Cliente (CDD)
