Individuo en una posición política o pública destacada, con mayor riesgo de corrupción.

Supervisión continua de individuos políticamente expuestos para mitigar riesgos de corrupción.

Sistemas bancarios paralelos que operan fuera del alcance de la regulación.

Plataformas digitales que procesan pagos, potencialmente utilizadas para lavar dinero.

Proceso de verificación de pagos contra listas de sanciones y alertas.

Uso de nóminas ficticias para desviar dinero y lavar fondos ilícitos.

Bienes ficticios utilizados para justificar transacciones financieras.

Proveedores ficticios utilizados para justificar salidas de dinero.

Intentos fraudulentos de obtener información financiera o personal.

Individuos en cargos públicos destacados, con mayor riesgo de corrupción.

Tarjetas prepago utilizadas para mover dinero de forma anónima.

Rastreo de ganancias obtenidas a través de actividades delictivas.

Recursos o bienes obtenidos a través de actividades delictivas.

Riesgos asociados al uso de fondos propios por instituciones financieras para negociaciones.

Uso de cuentas a nombre de terceros para ocultar el origen de los fondos.